El ámbito de administración de la justicia, enlaza tres entidades que tienen competencias en relación con
ésta, las mismas son: Ministerio de Justicia y Ministerio de Seguridad —ambas
del Poder Ejecutivo— y el Poder Judicial.
Ministerio de Justicia y Paz
Este Ministerio, fue creado mediante la Ley Orgánica del
Ministerio de Justicia, N° 6739 del 28 de abril de 1982. Como misión, le
corresponde:
“Ser órgano responsable, de la rectoría en materia de
administración penitenciaria, de la seguridad jurídica de sus habitantes y
bienes; de la prevención integral de la violencia y el delito; del control de
las exhibiciones de espectáculos, materiales audiovisuales e impresos en el
territorio nacional y del fomento y la supervisión de la adopción de
procedimientos de resolución alterna de conflictos. Además de fungir como
consultor de la administración pública y representante legal del Estado”
(Ministerio de Justicia y Paz, s.d).
Ejerce sus funciones por medio de
dos dependencias: la Dirección General de Adaptación Social y la Dirección
General del Registro Nacional. Es a través de la Dirección General de
Adaptación Social que el Ministerio ejecuta las sanciones y penas impuestas por
el Poder Judicial. Dirección creada mediante la Ley N°
4762, en el año 1971, de carácter nacional, tiene 41 centros penales y oficinas
en todo el país para atender a adolescentes, personas adultas, y personas
adultas mayores en sistemas cerrados de contención, semiabiertos y
comunitarios. (Ministerio de Justicia y Paz, s.d).(Guillén, Picado, & Sánchez,
2010)
“La justicia preventiva está por encima de todos los principios, de la
razón, de la humanidad y de las políticas sensatas, y es preferible, en todo
sentido, a la justicia punitiva.”
Sir William Blackstone, jurista inglés.
El problema de la inseguridad no radica únicamente en los actos violentos o delictivos, sino, además, en los factores de riesgo que los propician y las consecuencias que su existencia e incremento tienen sobre la convivencia ciudadana, la paz social y las posibilidades de construir un tejido social fuerte. Es por ello que, el
Gobierno de Costa Rica definió como una de sus siete Áreas Estratégicas de
Articulación la de la Seguridad Humana, la cual debe impulsar políticas y
estrategias que propicien condiciones favorables al desarrollo humano y la
construcción y preservación de entornos protectores. Dicha Área está conformada
por cinco componentes, uno de los cuáles es el de la prevención de la
violencia. En este marco, el Ministerio de Justicia y Paz, a través del
Viceministerio de Paz, se ha dado a la
tarea de elaborar una Agenda Nacional de Prevención de la Violencia y Promoción
de la Paz Social, que visibilice todo el trabajo que hace la institucionalidad
pública en esta materia, y que además recomiende algunas articulaciones y
coordinaciones entre iniciativas interinstitucionales, con el fin de lograr
mayor eficiencia e impacto en la disminución de diferentes formas de violencia
que afectan a las personas en los territorios priorizados por el Área
Estratégica de Articulación Presidencial de Seguridad Humana (AEAPSH). En esta
tarea se cuenta con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).
La prevención de la violencia
dentro del área estratégica de articulación presidencial de seguridad humana
El Gobierno de la República,
mediante los Decretos Nº 41187-MP-MIDEPLAN y Nº 41265-MP-MIDEPLAN-MTSS,
promulgó el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo donde se definen las Áreas
Estratégicas de Articulación Presidencial, definidas como instancias de
dirección, articulación y seguimiento de las políticas públicas para garantizar
el cumplimiento de las prioridades establecidas por mandato presidencial. Entre
ellas se encuentra la de Seguridad Humana, cuyo objetivo es idear y desarrollar
políticas y estrategias para favorecer el desarrollo humano y la construcción y
preservación de entornos protectores. La noción de seguridad humana se refiere
a la existencia de condiciones básicas y garantías mínimas para el desarrollo
humano, que no es otra cosa que la expansión de las libertades efectivamente
disfrutadas por las personas. La seguridad humana plantea siete dimensiones, tres
de las cuales están dirigidas a la creación y mantenimiento de condiciones para
que las personas vivan pacíficamente, en buena convivencia, sin violencia o
amenaza de ella, y con la posibilidad real de disfrutar sus derechos humanos
básicos.
Niveles de intervención de la
prevención de la violencia
Existen tres niveles que buscan
prevenir la violencia:
Prevención Primaria
Es un conjunto de acciones
dirigidas a la población en general, cuyo objetivo es fortalecer capacidades
personales para la convivencia democrática, mediante un enfoque positivo en el
respeto de los derechos humanos y la diversidad, la práctica de hábitos
saludable y el desarrollo de destreza y habilidades para la vida. En este nivel
pueden identificarse acciones como la apropiación y activación de espacios
públicos para la convivencia ciudadana, programas para desarrollar y fortalecer
capacidades de cuido y autocuido, capacitación para la resolución pacífica de
conflictos, acciones dirigidas a promover la permanencia en el sistema
educativo, entre otros.
Prevención secundaria
Estas se dirigen a poblaciones en
riesgo cierto de sufrir los efectos de la violencia. Pretenden detener la
evolución del riesgo de la violencia mediante acciones desarrolladas con base
en la detección y atención temprana de situaciones y factores que la
desencadenan. El objetivo es disminuir la incidencia de actos y conductas
violentas y la victimización, y se desarrolla en los entornos de las personas y
las comunidades. La prevención secundaria pretende reducir la prevalencia de
los factores de riesgo que se traducen en conductas violentas. En este ámbito
se encuentran acciones como la atención y acompañamiento psicopedagógico para
evitar el abandono escolar, intervención situacional en lugares propicios para
la comisión de delitos, programas de mediación comunitaria, control de armas de
fuego, entre otras.
Prevención terciaria
Son actividades dirigidas al
tratamiento, rehabilitación y reintegración social de personas que han sido
afectadas directamente por la violencia, sea como victimarios o víctimas, o
como personas con actividades o hábitos que afectan su integridad personal y la
de otras personas. En esta materia se encuentran los programas para el
desarrollo de capacidades sociales y de empleabilidad para la reincorporación a
la vida en sociedad de personas privadas de libertad por conflicto con la ley
penal, acciones de atención y reivindicación a víctimas y la rehabilitación y
educación en hábitos saludables de personas con adicciones al alcohol y otras
drogas. (Ministerio de Justicia y Paz,
2019)
Ministerio de Justicia y Paz
Este Ministerio, fue creado mediante la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, N° 6739 del 28 de abril de 1982. Como misión, le corresponde:“Ser órgano responsable, de la rectoría en materia de administración penitenciaria, de la seguridad jurídica de sus habitantes y bienes; de la prevención integral de la violencia y el delito; del control de las exhibiciones de espectáculos, materiales audiovisuales e impresos en el territorio nacional y del fomento y la supervisión de la adopción de procedimientos de resolución alterna de conflictos. Además de fungir como consultor de la administración pública y representante legal del Estado” (Ministerio de Justicia y Paz, s.d).
Siguiendo esta fuente, su misión es
la siguiente: “La Dirección General de Adaptación Social es una institución
comprometida con la ejecución de las penas privativas de libertad y medidas
alternativas dentro de un marco de respeto al Estado de Derecho, a los
principios democráticos y a los Derechos Humanos” Con respecto a su visión, la
misma se indica a continuación: “La Dirección General de Adaptación Social debe
aportar significativamente en el control institucional de las acciones
infractoras a la Ley de las personas que deben y pueden asumir la
responsabilidad de sus acciones, en el contexto del fenómeno social de la
criminalidad y el respecto a su reconocimiento como sujetos de derechos”
(Ministerio de Justicia y Paz, s.d). (Guillén, Picado, & Sánchez,
2010)
El problema de la inseguridad no radica únicamente en los actos violentos o delictivos, sino, además, en los factores de riesgo que los propician y las consecuencias que su existencia e incremento tienen sobre la convivencia ciudadana, la paz social y las posibilidades de construir un tejido social fuerte. Es por ello que, el Gobierno de Costa Rica definió como una de sus siete Áreas Estratégicas de Articulación la de la Seguridad Humana, la cual debe impulsar políticas y estrategias que propicien condiciones favorables al desarrollo humano y la construcción y preservación de entornos protectores. Dicha Área está conformada por cinco componentes, uno de los cuáles es el de la prevención de la violencia. En este marco, el Ministerio de Justicia y Paz, a través del Viceministerio de Paz, se ha dado a la tarea de elaborar una Agenda Nacional de Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social, que visibilice todo el trabajo que hace la institucionalidad pública en esta materia, y que además recomiende algunas articulaciones y coordinaciones entre iniciativas interinstitucionales, con el fin de lograr mayor eficiencia e impacto en la disminución de diferentes formas de violencia que afectan a las personas en los territorios priorizados por el Área Estratégica de Articulación Presidencial de Seguridad Humana (AEAPSH). En esta tarea se cuenta con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La prevención de la violencia dentro del área estratégica de articulación presidencial de seguridad humana
El Gobierno de la República,
mediante los Decretos Nº 41187-MP-MIDEPLAN y Nº 41265-MP-MIDEPLAN-MTSS,
promulgó el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo donde se definen las Áreas
Estratégicas de Articulación Presidencial, definidas como instancias de
dirección, articulación y seguimiento de las políticas públicas para garantizar
el cumplimiento de las prioridades establecidas por mandato presidencial. Entre
ellas se encuentra la de Seguridad Humana, cuyo objetivo es idear y desarrollar
políticas y estrategias para favorecer el desarrollo humano y la construcción y
preservación de entornos protectores. La noción de seguridad humana se refiere
a la existencia de condiciones básicas y garantías mínimas para el desarrollo
humano, que no es otra cosa que la expansión de las libertades efectivamente
disfrutadas por las personas. La seguridad humana plantea siete dimensiones, tres
de las cuales están dirigidas a la creación y mantenimiento de condiciones para
que las personas vivan pacíficamente, en buena convivencia, sin violencia o
amenaza de ella, y con la posibilidad real de disfrutar sus derechos humanos
básicos.
En el caso de Puente a la
Prevención, se trata de un eje transversal en la medida en que la violencia es
un fenómeno multicausal y que se puede ver reflejado en todos los otros
componentes. Está orientado por un enfoque de seguridad humana que busca
estimular entornos protectores, generar vínculos sostenibles entre las
comunidades e instituciones para la reducción de la violencia, y promover una
convivencia basada en la cultura de paz.
De acuerdo con lo establecido en el
Decreto Ejecutivo Nº 41187-MP-MIDEPLAN, al Ministerio de Justicia y Paz le
corresponde la coordinación del trabajo interinstitucional y las intervenciones
territoriales a partir de los criterios de priorización definidos. Esto se
deriva además de las funciones que la Ley le atribuye a dicho Ministerio
relacionadas con “a) Coordinar todos los planes y programas oficiales
vinculados, directa o indirectamente, con la prevención de la delincuencia; así
como también la de “b) Formular, desarrollar y administrar programas y
proyectos para la prevención del delito, la investigación de las conductas
criminológicas y la determinación de las causas y factores de la delincuencia en
Costa Rica (Artículo 7, inciso a y b de la Ley Orgánica del Ministerio de
Justicia y Paz N°6739).
Las acciones relacionadas con la
prevención de la violencia y la promoción de la paz responden específicamente
al ODS 16 “Paz, justicia e instituciones fuertes”, pero también inciden sobre
otros como el ODS 05 “Igualdad de género”, el ODS 10 “Reducción de las
Desigualdades”, el ODS 17 “Alianzas para lograr los objetivos”, entre otros.
Niveles de intervención de la prevención de la violencia
Existen tres niveles que buscan
prevenir la violencia:
Prevención Primaria
Es un conjunto de acciones
dirigidas a la población en general, cuyo objetivo es fortalecer capacidades
personales para la convivencia democrática, mediante un enfoque positivo en el
respeto de los derechos humanos y la diversidad, la práctica de hábitos
saludable y el desarrollo de destreza y habilidades para la vida. En este nivel
pueden identificarse acciones como la apropiación y activación de espacios
públicos para la convivencia ciudadana, programas para desarrollar y fortalecer
capacidades de cuido y autocuido, capacitación para la resolución pacífica de
conflictos, acciones dirigidas a promover la permanencia en el sistema
educativo, entre otros.
Prevención secundaria
Estas se dirigen a poblaciones en
riesgo cierto de sufrir los efectos de la violencia. Pretenden detener la
evolución del riesgo de la violencia mediante acciones desarrolladas con base
en la detección y atención temprana de situaciones y factores que la
desencadenan. El objetivo es disminuir la incidencia de actos y conductas
violentas y la victimización, y se desarrolla en los entornos de las personas y
las comunidades. La prevención secundaria pretende reducir la prevalencia de
los factores de riesgo que se traducen en conductas violentas. En este ámbito
se encuentran acciones como la atención y acompañamiento psicopedagógico para
evitar el abandono escolar, intervención situacional en lugares propicios para
la comisión de delitos, programas de mediación comunitaria, control de armas de
fuego, entre otras.
Prevención terciaria
Son actividades dirigidas al
tratamiento, rehabilitación y reintegración social de personas que han sido
afectadas directamente por la violencia, sea como victimarios o víctimas, o
como personas con actividades o hábitos que afectan su integridad personal y la
de otras personas. En esta materia se encuentran los programas para el
desarrollo de capacidades sociales y de empleabilidad para la reincorporación a
la vida en sociedad de personas privadas de libertad por conflicto con la ley
penal, acciones de atención y reivindicación a víctimas y la rehabilitación y
educación en hábitos saludables de personas con adicciones al alcohol y otras
drogas. (Ministerio de Justicia y Paz,
2019)
Referencias
Guillén, K., Picado, C., &
Sánchez, M. (2010). Los Informes Sociales Institucionales del Ámbito B del
Centro de Atención Institucional La Reforma, del Ministerio de Justicia y
Paz. Obtenido de Universidad de Costa Rica:
http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/tfglic/tfg-l-2010-14.pdf
Guillén, K., Picado, C., &
Sánchez, M. (2010). Los Informes Sociales Institucionales del Ámbito B del
Centro de Atención Institucional La Reforma, del Ministerio de Justicia y
Paz. Obtenido de Universidad de Costa Rica:
http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/tfglic/tfg-l-2010-14.pdf
Ministerio de Justicia y Paz. (octubre de 2019). Agenda Nacional de
Prevención de la Violencia Y Promoción de la Paz Social. Obtenido de
Ministerio de Justicia y Paz República de Costa Rica:
http://www.mjp.go.cr/viceministeriopaz/DocumentacionPaz
